En una reunión conjunta realizada por la Multisectorial Rosario en Defensa del Pueblo Argentino y diversos representantes políticos, donde dijo presente el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, se evaluaron acciones a seguir en respuesta a las repercusiones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) implementado por el presidente Javier Milei y la Ley Ómnibus, que se espera tenga un impacto negativo en la clase trabajadora.
El cónclave se realizó este martes en la sede del Partido Justicialista Departamental Rosario y tuvo entre los participantes la presencia del diputado nacional Eduardo Toniolli.
Alberto Botto, secretario General del gremio lucifuercista, manifestó la postura de la organización al afirmar: «No acompañaremos práctica alguna que vaya en contra de los derechos ni de la dignidad de todas y todos los argentinos». La declaración resalta el compromiso del sindicato con la defensa de los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores.
La reunión se llevó a cabo en un contexto de preocupación y discusión sobre las medidas gubernamentales y su impacto en la fuerza laboral. El Sindicato se posiciona como un actor relevante en la defensa de los derechos de los trabajadores y buscará estrategias para contrarrestar los posibles efectos negativos de las políticas implementadas.
«En estado de alerta y movilización»
La Multisectorial Rosario en Defensa del Pueblo Argentino emitió días atrás un documento «dejando en claro» el rechazo al DNU del Gobierno nacional. «Nos dirigimos a la ciudadanía para explicar nuestro rechazo a las siguientes medidas, entre otras, incluidas en el DNU del presidente Javier Milei»:
No a la quita de los remedios a los jubilados
No al aumento de precios de los alimentos
No a la desregulación de los alquileres
No a la pérdida del poder adquisitivo del salario
No a la quita de subsidios (transporte, energía, y gas)
No a la destrucción de la industria nacional
No a la quita de ayuda social a los más necesitados
No al desguace del Estado
No a la liberación de la importación
«Las medidas implementadas por el gobierno plantean un brutal ajuste sobre el pueblo en general en beneficio de un pequeño sector del poder económico concentrado, intentando dar un nuevo orden legal para saquear nuestro país», reza el documento.