Por Alberto Botto (*)
La realidad, los hechos, siempre terminan imponiéndose sobre las teorías y los dogmas. El nuevo Gobierno encabezado por Javier Milei apenas asumió puso en práctica los principios del libre mercado y la libre economía sin ningún tipo de límites en una sociedad que, es cierto, venía empobrecida y con una alta tasa de inflación. Pero una medida de tal naturaleza, intempestiva, de shock, como la llamó el propio Presidente, no ha hecho más que profundizar una situación ya angustiante para un enorme sector social. Buena parte de la clase media ha descendido al nivel de pobreza y los jubilados, según estudios, han perdido poder adquisitivo como no se había visto desde la triste circunstancia que vivió el país en el 2001-2002.La liberación absoluta de la economía en un contexto de severa crisis, sin ningún tipo de regulación sensata, ha llevado los precios de productos necesarios para la vida a niveles que son inalcanzables para gran parte (por no decir la mayoría) de la sociedad argentina. Las cuotas de la medicina prepaga, por otra parte, también han golpeado fuerte, al punto de que las mismas empresas de servicios han tenido que lanzar planes de bajo costo para que los abonados no emigraran. Claro que esta no es solución, porque por una parte se resiente la prestación y no impide que muchos deban entrar en morosidad o tener que acudir a la salud pública que, como se sabe, también está en crisis en el país.Los contratos de alquileres, asimismo, que ahora pueden realizarse sin ningún tipo de regulación, representan un problema para muchas familias no solo por los precios, sino por la falta de predecibilidad, pues no saben a cuánto se irán cuando deban reajustarse, y en consecuencia penden sobre ellas la espada del «¿podremos pagar?», «¿qué haremos?», «¿dónde iremos?». La problemática alcanza también a pequeños y medianos comerciantes que alquilan locales para sus emprendimientos, algunos de los cuales han debido bajar sus persianas.Mientras todo esto ocurre en tren de lograr un déficit cero, los jubilados, que son millones de personas, han sufrido una pérdida de poder adquisitivo extraordinaria y nadie sabe aún cuál será el método para actualizar sus haberes que ya eran magros y ahora lo son más.
Tras el fracaso en la aprobación de la Ley Ómnibus, el Presidente ha decidido dar señales a los gobernadores -quienes con sensatez han cuestionado algunos puntos de dicha Ley- cortando los subsidios, especialmente al transporte público. Lo cierto es que esta medida solo termina perjudicando a los ciudadanos, quienes deberán hacer frente a un nuevo aumento del boleto. Y en tren de hablar de provincias y jubilados, no puede dejar de considerarse el posible destino de las cajas previsionales y de los jubilados provinciales si el Gobierno insiste con la política de reducción del déficit a cualquier costo social.
Todos los precios, impuestos y costos de servicios, han aumentado en este país, pero no lo han hecho de la misma manera los salarios de los trabajadores y los haberes de los jubiados. En ese marco, el resultado no puede ser otro que más pobreza.
El Gobierno apuesta a la competencia, a las reglas del libre mercado para que los precios se acomoden, algo que dificilmente ocurra, puesto que los grandes formadores de precios están organizados y cuando aumentan lo hacen todos en un acuerdo explícito o tácito, y porque además (hay que decirlo) en el país no solo hay empresarios honestos sino también muchos especuladores e inescrupulosos que siempre quieren un poco más de lo que marca el sentido común y la solidaridad.
Hay que decir, por último, que hay quienes piden tiempo, pero es tiempo lo que no tienen aquellos que vienen soportando una situación difícil que lamentablemente se agrava. Hasta ahora, el gran ajuste lo hace la clase media, los trabajadores, los jubilados, mientras los sectores empobrecidos siguen allí sin poder aspirar a una vida mejor y la famosa casta, de ser descalificada ha pasado a ser protagonista.
(*) Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario